La propuesta fue presentada en 2021 por la bancada del Movimiento Semilla, aunque los intentos por legislar el sector se remontan hasta 2007, cuando se discutió la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual. Desde entonces, al menos cuatro iniciativas similares han sido planteadas sin éxito.

El cineasta Joaquín Ruano, presidente de la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (AGACINE), atribuye los retrasos al contexto político adverso que ha enfrentado la bancada oficialista. Sin embargo, destaca un elemento clave: la iniciativa no ha tenido oposición en sus dos primeras lecturas, un indicador alentador aunque no definitivo.

En 2025, el impulso decisivo llegó de la diputada oficialista Victoria Palala, quien participó activamente en la redacción del proyecto. Ahora, el pulso entre bancadas será determinante para definir si la ley se convierte en realidad.

Movilización ciudadana y respaldo internacional

Mientras el Congreso se prepara para la tercera lectura, el gremio cinematográfico ha activado una campaña de presión ciudadana a través de una petición en Change.org, que ya suma más de mil firmas. El objetivo es claro: visibilizar el respaldo social y recordar a los legisladores que el cine también es desarrollo cultural y económico.

El apoyo no se limita al ámbito nacional. La Federación Iberoamericana de Academias de Cine (FIACINE), que agrupa academias de 14 países, emitió un comunicado respaldando la iniciativa. Según la federación, un marco legal sólido no solo protege la cinematografía, sino que genera empleo directo e indirecto y fortalece la participación internacional del país en decisiones regionales y globales del sector.

¿Qué propone la Ley de Cine?

El núcleo del proyecto contempla la creación del Instituto Guatemalteco de Cine, que funcionaría como ente rector del sector audiovisual. Entre sus atribuciones estarían:

• Formular y ejecutar políticas públicas en materia cinematográfica.

• Impulsar la formación, investigación y profesionalización.

• Fomentar la producción, distribución y exhibición dentro y fuera del país.

• Crear una Escuela Superior Nacional de Cine.

Además, el instituto administraría un fondo destinado a financiar total o parcialmente proyectos cinematográficos, apoyar la preservación del patrimonio audiovisual y otorgar estímulos y premios al sector.

Pamela Guinea, presidenta de la Academia Guatemalteca de Artes y Ciencias Cinematográficas, subraya que la ausencia de una ley genera inseguridad jurídica y limita la atracción de inversión nacional y extranjera. Una producción cinematográfica —recuerda— moviliza hotelería, alimentación, transporte y múltiples servicios, convirtiéndose en un motor económico transversal.

Más que servicios: una industria con voz propia

El debate no es únicamente cultural; también es estratégico. En un contexto donde plataformas globales como Netflix, Amazon y The Walt Disney Company expanden su presencia internacional, los países sin regulación clara pueden convertirse únicamente en proveedores de servicios de producción.

El gremio insiste en que Guatemala no debe limitarse a alquilar locaciones o mano de obra, sino construir una industria autoral con capacidad de decisión, identidad propia y proyección internacional.

Un llamado que trasciende la pantalla

La Ley de Cine está a un debate de marcar un antes y un después. Lo que está en juego no es solo la aprobación de una norma, sino la posibilidad de consolidar una política pública que proteja, impulse y profesionalice al séptimo arte guatemalteco.

El sector cultural, las industrias creativas y la ciudadanía tienen ahora un rol protagónico: informarse, involucrarse y respaldar el proceso. Porque esta vez, el final de la historia aún no está escrito… y podría convertirse en el mejor estreno para el cine nacional.