El Congreso de la República aprobó el 22 de noviembre de 2024 las reformas a la Ley de Tránsito, conocidas como Decreto 33-2024, con el respaldo de una amplia mayoría. Esta reforma promete transformar la experiencia de los conductores en Guatemala, ofreciendo nuevas garantías, mayor transparencia y la eliminación de las llamadas «multas fantasma».
Una de las principales modificaciones establece que los conductores podrán presentar su calcomanía y tarjeta de circulación en formato digital desde sus teléfonos móviles, una medida que busca evitar las sanciones por olvidos al portar los documentos físicos. Las autoridades de tránsito, una vez publicadas las reformas en el Diario de Centro América, deberán aceptar estos documentos electrónicos, lo que representa un gran avance en la digitalización y comodidad para los conductores.
Otro cambio significativo se refiere a las rutas nacionales y centroamericanas. Las autoridades municipales ya no podrán imponer multas ni colocar retenes en estas rutas sin acuerdos previos con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Esta medida responde a las quejas de conductores sobre prácticas abusivas en ciertas áreas.
Las reformas también incluyen nuevos mecanismos de notificación. A partir de ahora, las municipalidades deberán notificar cualquier multa al propietario del vehículo en un plazo de 120 días, proporcionando pruebas que respalden la infracción, como fotos, hora y fecha. Además, se otorga a los conductores el derecho de impugnar las multas dentro de un plazo de 15 días.
Una de las iniciativas también contempla que los vehículos estatales deberán portar logotipos visibles que los identifiquen como oficiales, a excepción de aquellos que transporten funcionarios con necesidades especiales de seguridad.
Con estas reformas, el Congreso de la República busca mejorar la transparencia en la aplicación de la Ley de Tránsito y garantizar que las multas sean justas, eliminando abusos previos y ofreciendo a los conductores más herramientas para defenderse.
La iniciativa ahora espera la sanción o veto del presidente Bernardo Arévalo, quien en los próximos días decidirá su destino.
